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Cartas al Director: “El derecho a discrepar”

Desde hace tiempo, tuve claro que lo mejor era firmar mis artículos como un columnista más, con la sola indicación de mi nombre y apellido, sin rúbrica alguna adicional sobre mi condición profesional.

Porque visto lo visto, después de lo que le ha ocurrido a una juez de Santander, sancionada con 3000 Euros de multa por haber cuestionado la Ley de Violencia sobre la Mujer, transmitiendo su experiencia objetiva y real sobre una problemática que a ella, como a todos, nos preocupa, tiemblo de pensar que probablemente a mí se me hubiera condenado directamente, como hereje máximo, a la hoguera en medio de un auto de Fe auspiciado por la doctrina ortodoxa oficialista.

Porque lo más lamentable, es que, con razón o sin ella, no se ofende con dar una opinión, con ejercer el derecho de expresión, pues en Democracia es saludable abrir el debate y que se pueda discrepar en libertad, teniendo vedado un juez, eso sí, verter opiniones sobe hechos que estén o puedan caer bajo su enjuiciamiento, porque ello podría suponer un prejuicio, que podría motivar su recusación.

Mas se dice en la propuesta de sanción del Consejo, que sus opiniones ofenden a la ciudadanía, las instituciones, los abogados y la doctrina del Tribunal Constitucional, lo que, con todos los respetos, considero que lo constituye es una ofensa a la inteligencia y una ataque a los más básicos principios de tolerancia, porque de entrada, la doctrina del Constitucional no es, sino eso, doctrina, con la que se está o no de acuerdo aunque se haya de acatar y que incluso podría poner en entredicho el Tribunal de Estrasburgo.

En cuanto a lo de los abogados, ciudadanía e instituciones, sencillamente es una expresión de la peor censura, una llamada de advertencia a otros jueces, abogados y profesionales de que aquí no se puede sacar los pies de tiesto, aunque exista una mayoría que piense lo que piensa la juez sancionada.

 

Francisco Serrano Castro

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