La Comisión Española de Juristas denuncia graves imputaciones penales contra dos hijos del Juez de Paz de Chapinería

“Dos Juzgados de la Comunidad de Madrid instruyen diligencias penales contra los hermanos Sergio e Iván, ambos hijos del Juez de Paz de Chapinería, por presuntos delitos de Lesiones y Falsedad en Documento Oficial”, informan desde la Comisión Española de Juristas.

“Los dos imputados son jugadores de futbol del CD Chapinería, siendo uno de ellos, Sergio, candidato del PP a las anteriores elecciones municipales en Chapinería y empleado del Centro de Atención Primaria de Villaviciosa de Odón, lugar de donde presuntamente suplantó a los médicos para exculpar fraudulentamente a su hermano, mediante la emisión de un informe médico falso”, relatan.

“Ciertamente, el Juzgado de Instrucción nº 3 de San Lorenzo de El Escorial, en el Procedimiento Abreviado 646/2007, recientemente ha acordado la apertura de Juicio Oral contra Iván por un delito de lesiones. El Fiscal solicita provisionalmente la pena de un año de prisión para Iván , jugador del Club Deportivo Chapinería, por su participación como presunto autor material de una brutal agresión a un jugador de fútbol del Club Deportivo La Cañada, acaecida el 28 de enero de 2007. Según el relato del Ministerio Fiscal, Mario Sanz Fernández-Vega, cuando el imputado se encontraba en la grada, pues había sido sustituido, se produjo un incidente en el campo. En ese momento, el presunto agresor, Iván, saltó desde la banda al terreno de juego y agredió a un jugador del equipo contrario, causándole lesiones”, especifican.

Indican además que “por su parte, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Móstoles, en el procedimiento Abreviado 37 19/2008, también ha acordado la apertura de Juicio Oral contra, Sergio, hermano del anterior, y candidato del Partido Popular de Chapinería a las pasadas elecciones municipales, por un presunto delito de falsedad en documento oficial. Esta grave acusación de falsedad en documento público ha sido dirigida también contra Iván. Efectivamente, el fiscal que lleva el caso ha interesado la pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para el imputado Iván como presunto autor material de un documento médico falso que aportó al Juzgado de Instrucción nº 3 de El Escorial, para eludir sus responsabilidades penales como presunto agresor. Al propio tiempo, la fiscalía de Móstoles solicita una pena de dos años y seis meses de prisión e inhabilitación especial contra Sergio, también por un delito de Falsedad en Documento Oficial, con la agravante del artículo 22-7 del Código Penal, ya que el presunto falsificador se prevalió de su condición de empleado público, y más concretamente, de ser empleado del Centro de Atención Primaria de Villaviciosa de Odón, perteneciente al sistema Público de Salud, para cometer el delito”.

Según el relato de las acusaciones, “Sergio , por órdenes de su hermano Iván, habría falsificado un Informe Médico Oficial, suplantando al doctor Pérez Bados y falsificando su letra y su firma. Al propio tiempo, Sergio, abusando de su puesto de trabajo en el citado Centro de Atención Primaria, habría estampado los sellos de otro facultativo médico, Emma Gil Higues, en el informe falso, entregándoselo a su hermano para que éste lo presentara fraudulentamente en el juicio que, por agresiones, se sigue contra él en San Lorenzo de El Escorial. Cabe destacar que Iván, una vez descubierta por el Juzgado la falsedad del documento, declaró ante el Juzgado que realizó la falsificación para que no se enfadara su padre,  Juez de Paz de Chapinería”, aseguran.

Para Ignacio Perelló Almagro, abogado del jugador del CD La Cañada agredido y presidente de la Comisión Española de Juristas (CEJ), “la existencia de este caso pone de relieve los modos corruptos en los que se mueven determinados clanes familiares en los municipios de la Comunidad de Madrid, que se insertan en listas electorales municipales de grandes partidos nacionales, en Clubes deportivos locales y en empleos públicos, sin el más mínimo criterio ético, deportivo o social. Para Ignacio Perelló es responsabilidad de los partidos políticos, los clubes deportivos y las administraciones públicas velar por su buen funcionamiento de sus organizaciones y por el adecuado comportamiento de sus miembros, así como vigilar que individuos imputados por delitos abandonen, al menos cautelarmente, los espacios públicos a los que han accedido sin otros méritos que su pertenencia a clanes o a grupos familiares poco transparentes y sin ningún ánimo de servicio público”.

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