Paraguay: Un presidente laxo y timorato no tuvo agallas para resistir la embestida de las transnacionales del imperio yanqui

El gobierno progresista, popular y hasta socializante del ex presidente Fernando Lugo, cuyo “socialismo”Â� inicialmente esperanzador y hasta “enlazado al chavismo” habí­a alumbrado gozosas utopí­as en Sudamérica, quedó definitivamente licuado ayer tras el golpe de estado institucional que terminó de consumarse ayer viernes en las últimas horas de la tarde con su destitución por el Congreso paraguayo, su aceptación del veredicto legislativo, y la rápida asunción como jefe de Estado por el ultraderechista Federico Franco, que le acompañaba desde el inicio de su gestión y que habí­a sido elegido democráticamente en elecciones limpias y transparentes.

Más allá de la crónica frí­a y complaciente de los medios que recogen el discurso oficial de Washington, importa conocer los entresijos de este quiebre, que es lo que intentamos en esta nota.

Aunque el proceso de destitución haya sido limpio y sujeto a los dictados constitucionales, el hecho está consumado. Estados Unidos logró poner nuevamente su bota en el ahora peligroso “patio trasero”Â�, a través de la vicarí­a de sus transnacionales.

Una nueva derrota de las muchas que siembran el camino hacia la Patria común latinoamericana. Todo está consumado. No hay retroceso posible, pese a la tardí­a reacción de la UNASUR, de los cancilleres de la región, y de la resistencia de las organizaciones sociales, cuyas consignas se evaporan en el aire denso por la humareda de fogatas y las manifestaciones que aún en esta madrugada mantení­an algunos focos de rebeldí­a popular en Asunción.

Los muertos de Curuguaty son ya apenas una anécdota. Los vicios colaterales del juicio polí­tico, como el escaso tiempo que se le otorgó a la defensa de Lugo, también. Todas las reacciones que de aquí­ en adelante pudieran ocurrir no servirán de nada. Esto fue acaso más prolijo de lo de Honduras, pero “fue”Â�. “Alea jacta est”Â�, dirí­a el maestro romano Cicerón.

Hay, sin embargo, razones más profundas que la mayorí­a de los medios desconoce o calla, por imperio de la “obediencia debida”Â� y que Diario de la Sierra no tiene empacho en destapar. Lo primero es preguntarse quién o quiénes estuvieron detrás de esta trama tan siniestra. Los propulsores de una ideologí­a que promueven el máximo beneficio económico a cualquier precio y cuanto más, mejor, ahora y en el futuro.

El viernes 15 del mes que corre un grupo de policí­as que iba a cumplir una orden de desalojo en el departamento de Canindeyú en la frontera con Brasil, fue emboscado por francotiradores, mezclados con campesinos que reclamaban tierras para sobrevivir. La orden fue dada por un juez y una fiscal para proteger a un latifundista. Como resultado hubo 17 muertos; 6 policí­as y 11 campesinos y decenas de heridos graves.

Las consecuencias: El laxo y timorato gobierno de Fernando Lugo quedó con debilidad ascendente y extrema, cada vez más derechizado, a punto de ser llevado a juicio polí­tico por el Congreso, aunque no le cupiera ninguna responsabilidad personal en aquel lastimoso suceso.

Vale aclarar que el juicio polí­tico consumado emanó de un Poder Legislativo dominado por la derecha; duro revés a la izquierda, a las organizaciones sociales y campesinas, acusadas por la oligarquí­a terrateniente de instigar a los campesinos; avance del agronegocio extractivista de manos de las transnacionales como Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y el arrebato de sus tierras y, finalmente, la instalación de una cómoda platea para los oligarcas y los partidos de derecha para su retorno triunfal en las elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo.

El 21 de octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganaderí­a, dirigido por el liberal Enzo Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de la compañí­a norteamericana de biotecnologí­a Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay. Las protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas no se dejaron esperar. El gen de este algodón está mezclado con el gen del Bacillus Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas del algodón, como las larvas del “picudo”Â�, un coleóptero que oviposita en el capullo del textil. El Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, otra institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel Lovera, no inscribió dicha semilla transgénica en los registros de cultivares, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretarí­a del Ambiente, tal como exige la legislación.

Durante los meses posteriores, Monsanto, a través de la Unión de Gremios de Producción, UGP, estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo, que publica el diario ABC Color, arremetió contra SENAVE y su presidente por no inscribir la semilla transgénica de Monsanto para su uso comercial en todo el paí­s. La cuenta regresiva decisiva pareció haberse dado con una nueva denuncia por parte de una seudosindicalista del SENAVE, de nombre Silvia Martí­nez, quien acusó el 7 de junio pasado a Lovera de corrupción y nepotismo en la institución que dirige, a través de ABC Color. Martí­nez es esposa de Roberto Cáceres, representante técnico de varias empresas agrí­colas, entre ellas Agrosán, recientemente adquirida por 120 millones de dólares por Syngenta, otra transnacional, todas socias de la UGP.

Al dí­a siguiente, viernes 8 de junio, la UGP publica en ABC a seis columnas: “Los 12 argumentos para destituir a Lovera”Â�. Estos presuntos argumentos fueron presentados al vicepresidente de la República, correligionario del ministro de Agricultura, el liberal Federico Franco, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de Paraguay en ausencia de Lugo, de viaje por Asia. El viernes 15, en ocasión a una exposición anual organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganaderí­a, el ministro Enzo Cardozo dejó escapar un comentario ante la prensa, en el sentido de que un supuesto grupo de inversores de la India, del sector de los agroquí­micos, canceló un proyecto de inversión en Paraguay por la presunta corrupción en SENAVE. Nunca aclaro de qué grupo se trataba.

En esas horas de aquel dí­a se registraban los trágicos sucesos de Curuguaty.

En el marco de esta exposición preparada por el citado ministerio, la transnacional Monsanto presentó otra variedad de algodón, doblemente transgénico: BT y RR o Resistente al Roundup, un herbicida fabricado y patentado por Monsanto. La pretensión de la transnacional norteamericana es la inscripción en Paraguay de esta semilla transgénica, tal como ya ocurrió en la Argentina y otros paí­ses del mundo.

Previamente a estos hechos, el diario ABC Color denunció sistemáticamente por presuntos hechos de corrupción a la ministra de Salud, Esperanza Martí­nez y al ministro del Ambiente, Oscar Rivas, dos funcionarios que no dieron su dictamen favorable a Monsanto. Esta multinacional extranjera facturó el año pasado 30 millones de dólares, libre de impuestos, (porque no declara esta parte de su renta) solamente en concepto de royalties por el uso de semillas transgénicas de soja en Paraguay. Independientemente, Monsanto factura por la venta de las semillas transgénicas. Toda la soja cultivada es transgénica en una extensión cercana a los tres millones de hectáreas, con una producción en torno a los 7 millones de toneladas en el 2010.

Por otro lado, en la Cámara de Diputados ya se aprobó en general el proyecto de Ley de Bioseguridad, que contempla crear una dirección de bioseguridad a cargo del Ministerio de Agricultura, con amplia potestad para la aprobación para su cultivo comercial de todas las semillas transgénicas, ya sean de soja, maí­z, arroz, algodón y algunas hortalizas. Este proyecto de ley contempla la eliminación de la Comisión de Bioseguridad actual, que es un ente colegiado de funcionarios técnicos del Estado paraguayo. En tanto transcurrí­an todos estos acontecimientos, la UGP vení­a preparando un acto de protesta nacional contra el gobierno de Fernando Lugo para el 25 de junio próximo.

Se trata de una manifestación con maquinarias agrí­colas, cerrando medias calzadas de las rutas en distintos puntos del paí­s. Una de las reivindicaciones del denominado “tractorazo”Â� es la destitución de Miguel Lovera del SENAVE, así­ como la liberalización de todas las semillas transgénicas para su cultivo comercial.

La UGP está dirigida por Héctor Cristaldo, apoyado por otros apóstoles como Ramón Sánchez – quien tiene negocios con el sector de los agroquí­micos, entre otros agentes de las transnacionales del agronegocio.

Cristaldo integra el staff de varias empresas del Grupo Zuccolillo, cuyo principal accionista es Aldo Zuccolillo, director propietario del diario ABC Color desde su fundación bajo el régimen de Stroessner, en 1967. Zuccolillo es dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. El Grupo Zuccolillo es socio principal en Paraguay de Cargill, una de las transnacionales más grandes del agronegocio en el mundo. La sociedad construyó uno de los puertos graneleros más importante del Paraguay, denominado Puerto Unión, a 500 metros de la toma de agua de la empresa aguatera del Estado paraguayo, sobre el Rí­o Paraguay, sin ninguna restricción.

Las transnacionales del agronegocio en Paraguay prácticamente no pagan impuestos, mediante la férrea protección que tienen en el Congreso, dominado por la derecha. La presión tributaria en Paraguay es apenas del 13% sobre el PIB. El 60 % del impuesto recaudado por el Estado paraguayo es el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Los latifundistas no pagan impuestos. El impuesto inmobiliario representa apenas el 0,04 % de la presión tributaria, unos 5 millones de dólares, según un estudio del Banco Mundial, aún cuando el agronegocio produce rentas en torno al 30 % del PBI, que representan unos 6.000 millones de dólares anuales.

El Paraguay es uno de los paí­ses más desiguales del mundo. El 85 por ciento de las tierras, unas 30 millones de hectáreas, está en manos del 2 por ciento de propietarios que se dedican a la producción meramente extractivista o en el peor de los casos a la especulación sobre la tierra. La mayorí­a de estos oligarcas poseen mansiones en Punta del Este o Miami y tienen estrechas relaciones con las transnacionales del sector financiero, que guardan sus bienes mal habidos en los paraí­sos fiscales o le facilitan inversiones en el extranjero. Todos ellos, de alguna u otra manera, están ligados al agronegocio y dominan el espectro polí­tico nacional, con amplias influencias en los tres poderes del Estado. Allí­ reina la UGP, apoyada por las transnacionales del sector financiero y del agronegocio.

Curuguaty es una ciudad ubicada al este de la Región Oriental del Paraguay, a unos 200 km. de Asunción, capital del Paraguay. A unos kilómetros de Curuguaty se halla la estancia Morombí­, propiedad del terrateniente Blas Riquelme, con más de 70 mil hectáreas en ese lugar.

Riquelme proviene de la entraña de la dictadura de Stroessner (1954-1989) bajo cuyo régimen amasó una inmensa fortuna, aliado al general Andrés Rodrí­guez, quien ejecutó el golpe de Estado que derrocó al dictador Stroessner. Riquelme, que fue presidente del Partido Colorado por muchos años y senador de la República, dueño de varios supermercados y establecimientos ganaderos, se apropió mediante subterfugios legales de unas 2.000 hectáreas, aproximadamente, que pertenecen al Estado paraguayo.

Esta parcela fue ocupada por los campesinos sin tierras que vení­an solicitando al gobierno de Fernando Lugo su distribución. Un juez y una fiscala ordenaron el desalojo de los campesinos, a través del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la Policí­a Nacional, cuyos miembros de élite en su mayorí­a fueron entrenados en Colombia, bajo el gobierno de Uribe, para la lucha contrainsurgente.

Sólo un sabotaje interno dentro de los cuadros de inteligencia de la Policí­a, con la complicidad de la Fiscalí­a, explica la emboscada, en la cual murieron 6 policí­as. No se comprende cómo policí­as altamente entrenados, en el marco del Plan Colombia, pudieron caer fácilmente en una supuesta trampa tendida por campesinos, como quiere hacer creer la prensa dominada por los oligarcas. Sus camaradas reaccionaron y acribillaron a los campesinos, matando a 11, quedando unos 50 heridos.

Entre los policí­as muertos estaba el jefe del GEO, comisario Erven Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo.

El plan consiste en criminalizar, llevar hasta el odio extremo, a todas las organizaciones campesinas, para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso exclusivo del agronegocio. Es un proceso lento, doloroso, de descampesinización del campo paraguayo, que atenta directamente contra la soberaní­a alimentaria, la cultura alimentaria del pueblo paraguayo, por ser los campesinos productores y recreadores ancestrales de toda la cultura guaraní­.

Tanto la Fiscalí­a o Ministerio Público, como el Poder Judicial y la Policí­a Nacional, así­ como diversos organismos del Estado paraguayo, están controlados mediante convenios de cooperación por USAID, la agencia de cooperación de los Estados Unidos.

El asesinato del hermano del jefe de seguridad del presidente de la República obviamente es un mensaje directo a Fernando Lugo, cuya cabeza serí­a el próximo objetivo, probablemente a través de un juicio polí­tico, quien derechizó más su gobierno tratando de calmar a los oligarcas. Lo ocurrido en Curuguaty tumbó a Carlos Filizzola del Ministerio del Interior y fue nombrado en su reemplazo a Rubén Candia Amarilla, proveniente del opositor Partido Colorado, al cual Lugo lo derrotó en las urnas en el 2008, luego de 60 años de dictadura colorada, incluyendo la tiraní­a de Alfredo Stroessner.

Candia fue ministro de Justicia del gobierno colorado de Nicanor Duarte (2003-2008) y se desempeñó como fiscal general del Estado por un periodo, hasta el año pasado, cuando fue reemplazado por otro colorado, Javier Dí­az Verón, a instancia del propio Lugo. Candia es acusado de haber promovido la represión a dirigentes de organizaciones campesinas y de movimientos populares. Su nominación a Fiscal General del Estado en el 2005 fue aprobado por el entonces embajador de los Estados Unidos, John F. Keen. Candia fue responsable de un mayor control por parte de USAID del Ministerio Público y fue acusado en los inicios de su gobierno por Fernando Lugo de conspirar en su contra para quitarlo del gobierno.

Tras asumir como el ministro polí­tico de Lugo, lo primero que anunció Candia fue la eliminación del protocolo de diálogo con los campesinos que invaden propiedades. El mensaje es que no habrá conversación, sino simplemente la aplicación de la ley, lo que significa emplear la fuerza policial represiva sin contemplación.

Dos dí­as después de asumir Candia Amarilla, los miembros de la UGP, encabezado por Héctor Cristaldo, ya visitaron al flamante ministro del Interior, a quien solicitaron garantí­as para la realización del denominado tractorazo. Sin embargo, Cristaldo dijo que la medida de fuerza puede ser suspendida en caso de nuevas señales favorables para la UGP (léase liberación de las semillas transgénicas de Monsanto, destitución de Lovera y otros ministros, entre otras ventajas para el gran capital y los oligarcas) derechizando aun más el gobierno.

Cristaldo es precandidato a diputado para las elecciones de 2013 por un movimiento interno del Partido Colorado, liderado por Horacio Cartes, un empresario investigado en el pasado reciente por Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico, según el propio diario ABC Color, que se hizo eco de varios cables del Departamento de Estado de USA, publicado por WikiLeaks, entre ellos uno que aludí­a directamente a Cartes, el 15 de noviembre de 2011.

En las últimas horas, mientras se redactaba esta crónica, la UGP,  algunos integrantes del Partido Colorado y los propios integrantes del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, dirigido por el senador Blas Llano y aliado del gobierno, amenazan con un juicio polí­tico Fernando Lugo para destituirlo como presidente de la República del Paraguay.

Lugo depende del humor de los colorados para seguir como presidente de la República, así­ como de sus aliados liberales, que ahora lo amenazan con juicio polí­tico, con seguridad buscando más espacios de poder (dinero) como prenda de paz. El Partido Colorado, aliado a otros partidos minoritarios de la oposición, tiene la mayorí­a necesaria como para destituir al presidente de sus funciones.

Quizás se esperan “las señales favorables”Â� de Lugo que la UGP – en nombre de la Monsanto, la patria financiera y los oligarcas – está exigiendo al gobierno. Caso contrario, se estarí­a pasando a una siguiente fase de los planes de copamiento de este gobierno que nació como progresista y lentamente va terminando como conservador, controlado por los poderes fácticos.

Entre algunos de sus haberes, Lugo es responsable de la aprobación de la Ley Antiterrorista, propiciada por Estados Unidos en todo el mundo después del 11 S. Autorizó en 2010 la implementación de la Iniciativa Zona Norte, consistente en la instalación y despliegue de tropas y civiles norteamericanos en el norte de la Región Oriental – en las narices del Brasil – supuestamente para desarrollar actividades a favor de las comunidades campesinas.

El Frente Guazú, coalición de las izquierdas que apoya a Lugo, no logra unificar su discurso, y sus integrantes pierden la perspectiva en el análisis del poder real, cayendo en los juegos electoralistas inmediatistas. Infiltrados por USAID, muchos integrantes del Frente Guazú que participan en la administración del Estado, sucumben ante los cantos de sirena del consumismo galopante del neoliberalismo. Se corrompen hasta los tuétanos y en la práctica se convierten en émulos vanidosos de engreí­dos ricos que integraban los recientes gobiernos del derechista Partido Colorado.

Curuguaty también engloba un mensaje para la región, especialmente para Brasil, en cuya frontera se producen estos hechos sangrientos, claramente dirigidos por los amos de la guerra, cuyos teatros de operaciones se pueden observar en Irak, Libia, Afganistán y ahora Siria. Brasil está construyendo hegemoní­a mundial junto a Rusia, India y China, denominado BRIC. Sin embargo, Estados Unidos no ceja en su poder de persuasión al gigante de Sudamérica. Ya está en marcha el nuevo eje comercial integrado por México, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Es un muro de contención a los deseos expansionistas del Brasil hacia el Pací­fico.

Mientras, Washington sigue con su ofensiva diplomática en Brasilia, tratando de convencer al gobierno de Dilma Rousseff a estrechar ví­nculos comerciales, tecnológicos y militares. Entre tanto, la IV Flota de los Estados Unidos, reactivada hace unos años después de estar fuera de servicio apenas culminó la Segunda Guerra Mundial, vigila todo el Atlántico Sur, en carácter de otro cerco al Brasil por si no comprendiese la persuasión diplomática.

Y Paraguay es un paí­s en disputa entre ambos paí­ses hegemónicos, dominado aun ampliamente por USA. Por eso lo de Curuguaty es también una pequeña señal para Brasil, en el sentido que el Paraguay puede convertirse en un polvorí­n que quebrantará el desarrollo del suroeste del Brasil.

Pero por sobre todo, los muertos de Curuguaty es una señal del capital, del gran capital, del extractivismo expoliador, que asuela el Planeta y aplasta la vida en todos los rincones de la Tierra en nombre de la civilización y el desarrollo. Por fortuna, los pueblos del mundo también van dando respuestas a estas señales de la muerte, con señales de resistencia, con señales de dignidad y de respeto a todas formas de vida en el Planeta.

Considero que los que luchamos por la Gran Nación Sudamericana, de la mano de San Martí­n, Artigas, Gí¼emes, Bolí­var y otros tantos próceres de nuestra primera emancipación, hemos perdido una batalla, jamás la guerra.

(Fuentes: periodista Federico Fassano Mertens, ex director de ABC Color, argentino radicado en Buenos Aires; Documento del Banco Mundial. Paraguay. Impuesto Inmobiliario: herramienta clave para la descentralización fiscal y el mejor uso de la tierra. Volumen I: Informe principal. 2007; Censo Agropecuario Nacional 2008; periodista paraguayo Méndez Grimaldi, investigador y analista, miembro de la Sociedad de Economí­a Polí­tica del Paraguay, SEPPY, y autor del libro “Los Herederos de Stroessner”Â�).

Domingo Schiavoni

Director

Periodista, escritor y docente universitario de Comunicación Social

domingoschiavoni@diariodelasierra.es